martes, 3 de diciembre de 2013


Haber tenido siete leyes para la enseñanza en 35 años es un disparate que raya con el suicidio educativo

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 Total, que aquí tenemos la LOMCE de Wert, la séptima ley de la democracia, a la que la oposición ha prometido derogar en cuanto pueda (¡a por la octava!) y que no pinta nada bien: parece reforzar los centros concertados y debilitar a los públicos, además de dificultar que padres y profesores elijan a los directores. A lo peor el instituto Beatriz Galindo de Madrid, en donde yo estudié durante siete años, es un ejemplo de lo que puede pasar con la ley Wert si no lo impedimos. En julio de 2012, el PP les impuso un director a dedo, Carlos Romero, que desde entonces ha creado un conflicto monumental con los padres, los alumnos y todos los profesores. Romero fue denunciado por el PSOE en la Asamblea de Madrid por su “despotismo”, por no consensuar nada; por “arbitrariedades” como gastarse el dinero en barnizar los bancos de la capilla mientras la biblioteca permanecía cerrada. En suma: profesores, padres y alumnos debilitados, directores politizados que hacen y deshacen al servicio de su partido. No parece un buen plan para desasnarnos.

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